Autor: fabiana

Entre 2010 y 2014 el presidente de Ucrania fue Víktor Yanukóvich, aliado del primer mandatario ruso, Vladimir Putin. Aunque en un principio lo promovió, Yanukóvich se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea que era esperado por gran parte del pueblo ucraniano, lo que derivó en grandes protestas en el país.

Las protestas crecieron en cantidad y en exigencias, configurándose lo que acabó conociéndose como «Euromaidán». Los manifestantes demandaban volver a negociar la adhesión a la Unión Europea, pero la negativa del presidente derivó en mayores protestas que comenzaron a exigir un nuevo gobierno. Ante la creciente presión popular, el parlamento asumió el poder ejecutivo y Yanukóvich terminó escapando a Rusia. Desde 2014 pesa sobre él una orden de captura de las autoridades ucranianas por asesinato de manifestantes.

Las protestas se habían concentrado, sobre todo, en la zona central y occidental de Ucrania, pues las zonas orientales y sureñas son mayoritariamente pro-rusas. Tras el derrocamiento del gobierno de Yanukóvich, las zonas pro-rusas rechazaron a las nuevas autoridades, hasta el punto de plantearse una reintegración con Rusia.

En este contexto, el gobierno de la República Autónoma de Crimea, entonces parte integrante de Ucrania, anunció que celebrarían un referéndum el 16 de marzo de 2014 para decidir si el pueblo deseaba integrarse a Rusia. So pretexto de proteger al pueblo de etnia rusa que vivía en Ucrania y a los intereses rusos en la zona, el gobierno de Putin desplegó tropas en la Península de Crimea, lo que fue condenado por Estados Unidos y Europa como una contravención a la Carta de las Naciones Unidas. Esto, sin embargo, no desanimó a los rusos.

El referéndum se celebró y, como era de esperarse, la abrumadora mayoría de los votos aceptaron la incorporación a Rusia. El plebiscito fue condenado por todos los integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excepto China, que se abstuvo, y Rusia, que obviamente ejerció su poder de veto para que no se aprobara ninguna resolución al respecto.

A la fecha, la amplia mayoría de los miembros de la comunidad internacional desconoce la legalidad de la anexión de Crima a Rusia. Las regiones orientales de Ucrania siguen bajo un estado de tensión, pues se han registrado enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y pro-rusas.

Desde el año 2011, el mundo ha asistido con conmoción al desarrollo de un cruel enfrentamiento civil armado en Siria, con la posterior intervención de potencias foráneas.

El actual mandatario del país, Bashar al Asad, fue elegido en 2000. Su mandato empeoró las ya lamentables condiciones socio-económicas de la población siria, aumentando la desigualdad, el desempleo y la pobreza. La población resentía, además, que Al Asad había incumplido sus promesas de adelantar reformas democráticas en el país. Por si fuera poco, una cruel sequía asoló al país, y los sucesos de la Primavera Árabe en otros países de la región terminaron por exacerbar a la población.

El pueblo sirio comenzó a realizar protestas multitudinarias pidiendo libertades civiles, mejoras económicas y lucha contra la corrupción, llegando a quemar edificios identificados con el partido gobernante. Las protestas fueron atacadas por el ejército. Ante estos ataques, la población se armó para combatir a los militares afectos al gobierno. Militares desertores conformaron ejércitos paralelos buscando salvaguardar la integridad de la población.

El conflicto aumentó su complejidad con la participación de diversas milicias, como los combatientes kurdos. Una importante cantidad de rebeldes terminaron enlistados en el temible Estado Islámico, que pasó a controlar extensas zonas del país, con tal de hacer frente al gobierno sirio. En tanto, Bashar al Asad se defendía con las fuerzas del ejército y la participación del Hezbollá iraní en la guerra.

Para 2014, el gobierno sirio convocó elecciones presidenciales en las áreas que controlaba, invitando a observadores de países afectos al régimen para que atestiguaran la legalidad del proceso. Resultó electo de nuevo Al Asad, con casi el 90% de los votos. Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo calificaron el proceso como una farsa. En cerca del 60% del territorio no se celebraron las elecciones, por estar controladas por los rebeldes.

La rápida extensión del grupo terrorista Estado Islámico en la región encendió las alarmas de las potencias extranjeras, que terminaron involucrándose en el conflicto. Estados Unidos, junto con Francia, bombardeó posiciones del grupo terrorista entre 2014 y 2015, además de apoyar financiera y logísticamente a los rebeldes. Rusia entró al conflicto poco después, pero atacando a los rebeldes y al Estado Islámico por igual, en defensa del gobierno sirio.

Otros países, como Turquía e Israel, también se vieron directamente involucrados en la guerra civil siria, pues buscaban prevenir ataques de los grupos armados a su territorio. Con la casi total eliminación del Estado Islámico, Occidente redujo su participación en el conflicto, y el gobierno de Bashar Al Asad terminó por imponerse en el territorio, para satisfacción de Rusia.

El conflicto territorial más antiguo del continente americano es el que aún existe entre Venezuela y Guyana. Venezuela le reclama a Guyana todo el territorio al oeste del río Esequibo, una zona que Venezuela administraba desde tiempos coloniales. En aquella época, al este del río Esequibo estaban las colonias holandesas de Demerara, Berbice y Esequibo (actuales Surinam y Guyana); mientras que al oeste del río empezaba el territorio colonial español hoy conocido como Venezuela.

En 1814, Holanda le cedió a Gran Bretaña su colonia del Esequibo, que para ese entonces y de acuerdo con documentos de la época contaba con unas 20.000 millas cuadradas de extensión, equivalentes al territorio actual de Guyana al este del río Esequibo. Gran Bretaña, sin embargo, prontamente estimuló la colonización de su nuevo territorio más allá del río, lo cual fue protestado repetidamente tanto por las autoridades coloniales españolas como por los sucesivos gobiernos de la Venezuela ya independiente. Los británicos hicieron caso omiso de las protestas, hasta que Venezuela se vio obligada a romper relaciones diplomáticas con dicho país en 1887.

Al ser un país débil y sin posibilidades de enfrentar al imperio británico, Venezuela solicitó la ayuda de los Estados Unidos. Durante varios años, los gobiernos norteamericanos instaron a Gran Bretaña a aceptar un arbitraje, pero los ingleses se negaron obstinadamente, mientras que seguían estimulando la colonización y explotación del territorio en disputa. Finalmente, Estados Unidos amenazó a Gran Bretaña con el uso de la fuerza para que aceptara ir a arbitraje. Los ingleses aceptaron acudir al arbitraje en 1897.

El tribunal de arbitraje emitió su sentencia en 1899, pero dicha sentencia contenía varios vicios que evidenciaron su carácter espurio. Los jueces no siguieron los principios requeridos por el tratado de arbitraje, se excedieron en sus competencias al establecer fronteras con terceros países, y la sentencia carecía de motivación y de argumentos apegados al derecho. Venezuela protestó el resultado del arbitraje, pero fue compelida a delimitar la frontera establecida, so pena de ser agredida militarmente por Gran Bretaña.

Los gobiernos venezolanos, sin embargo, nunca aceptaron realmente la frontera. Décadas después comenzaron a aparecer testimonios que evidenciaban que el arbitraje había sido fruto de un arreglo entre las potencias de la época, y no una sentencia apegada al derecho. Con estas bases Venezuela denunció ante las Naciones Unidas en 1945 y 1962 dicha línea limítrofe, y exigió la renegociación de su frontera con la entonces Guayana Británica.

Ante este escenario, en 1966 los gobiernos de Venezuela, Reino Unido y Guayana Británica firmaron el Acuerdo de Ginebra, que estipula que las partes deben «buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico» del conflicto. El preámbulo del acuerdo establece también que la controversia debe «ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes».

En los últimos años, Guyana ha insistido en resolver la controversia por vía judicial, pero Venezuela se ha negado a ello basándose en que el espíritu del Acuerdo de Ginebra obliga a llegar a un arreglo práctico que ambas partes consideren aceptable, cosa que no sería posible alcanzar dejando que un tercero resuelva el asunto.